El despilfarro andaluz

Begoña Canivell

El recorte que vamos a sufrir los funcionarios en nuestro sueldo está provocando una gran indignación entre los afectados, sobre todo por el agravio que supone que, mientras se malgasta el dinero público de manera indiscriminada e inútil, tengamos que pagar con nuestro sacrificio los dispendios de otros que son los que deciden, tanto lo que ganamos nosotros, como lo que ganan ellos mismos (su sueldo sí sube cada año). Estos, los políticos, que son los verdaderos culpables de esta situación, no sólo no se reconocen como tales, sino que se permiten decidir quién debe sufrir las consecuencias de sus errores sin tener que negociar ni dar cuentas a nadie.

Uno de los sectores de la administración  donde esta situación es más sangrante es la enseñanza pública, al ser, junto con la sanidad, la que a más personas afecta, tanto trabajadores como beneficiarios de sus servicios. En Andalucía, los profesores llevamos tantos años viendo la mala gestión de los recursos y el despilfarro del dinero público de una manera tan habitual y cercana que ya nos parece algo “normal”, y, quizás por ello, no hemos reaccionado  hasta que nos han tocado el bolsillo. ¿Quién no ha criticado alguna vez el programa de gratuidad de libros de texto, el plan TIC 2.0 o las becas 6.000? Pero, ¿quién lo ha denunciado o se ha declarado abiertamente en contra de ellos? Desde luego, los sindicatos no.

Aun así, la parte del león no está en estos planes y programas absurdos que sólo sirven para engañar  y tratar de conseguir votos. Donde está de verdad el problema es en la nefasta (e interesada) gestión de personal de la Junta de Andalucía en general, y de la Consejería de Educación en particular.  En los últimos tiempos, especialmente en este último curso, los Centros Públicos de Enseñanza han sufrido una serie de recortes en personal y en inversiones para infraestructura que nos ha llevado a que se resienta aún más la calidad de escolarización y de enseñanza. Hay centros que se están cayendo a pedazos y que no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad, así como ratios excesivas en muchos grupos e imposibilidad de ofertar ciertas asignaturas optativas en bachillerato por falta de profesorado (aunque todos estén al límite legal de horas de clase). Sin embargo, en el otro lado de la balanza, en la administración educativa, no ha habido recortes,  sino que se han creado nuevos organismos, como la Agencia Andaluza de Evaluación (cuya principal, única y desastrosa función son las pruebas de diagnóstico, otro dispendio) para premiar con la huida del campo de batalla en el que se han convertido los centros, a aquellos a quienes deben favores políticos o personales, léase inspectores, directores y profesorado anti-tiza.

Ya de por sí, la Junta de Andalucía es un caos absoluto en cuanto a la gestión de recursos humanos, con Consejerías y Delegaciones Provinciales inútiles donde medra un montón de gente que sólo sirve para complicar la vida a los ciudadanos, pero esto en la Consejería de Educación alcanza límites increíbles para quien no la conozca por dentro. Sólo en los servicios centrales, hay más de treinta altos cargos con sus correspondientes Direcciones Generales, con jefes de servicio, de sección y de planes y programas, así como personal administrativo a su cargo, imposible calcular el número total. Muchos de ellos son profesores en comisión de servicio o adscritos, muy pocos de ellos por méritos propios. ¿Y qué decir de las ocho Delegaciones Provinciales,  los CEPS, los organismos adscritos, etc.? Más de lo mismo. Si todos los profesores que se encuentran en Comisión de Servicio en la administración educativa volvieran a sus Centros de destino, sobrarían la mayoría de los interinos y no existirían problemas en las ratios ni en la oferta de optativas y aumentaría la calidad de enseñanza. ¿Por qué no se hace? La respuesta está en el viento.

Pero aún hay más. No podemos olvidarnos de nuestros liberados sindicales, también todos ellos profesores, aunque muchos llevan años sin pisar un aula y muy poquito un Centro de Enseñanza. Ellos están para otras cosas, especialmente para conseguir subvenciones y cursos con los que poder seguir manteniendo su estatus. Sólo se acuerdan de sus “compañeros”, nosotros, los que estamos a pie de aula, cuando hay elecciones sindicales y ven en peligro sus prebendas y privilegios. También ellos son un gasto inútil para la sociedad puesto que su razón de ser, la defensa del profesorado, sólo la ejercen cuando interesa políticamente y no profesionalmente. ¿Cómo se evitaría esto? Muy fácil, retirándoles todas las subvenciones (que vivan de las cuotas de sus afiliados, si pueden) y dando el dinero de los cursos a los Centros de Enseñanza y que los organicen ellos mismos según sus necesidades.

Lo que se ha dicho hasta ahora tiene que ver sólo con el personal, pero hay muchos otros ámbitos donde se hacen gastos inútiles que, aunque no parezcan muy grandes al compararlos con estos, son una vía de agua constante en los presupuestos. Me refiero a las becas, ayudas, programas, premios, subvenciones, planes, jornadas y congresos, la mayoría de las veces con criterios de concesión absurdos e injustos, y que sólo sirven para la propaganda política y para disfrazar la verdadera situación de la enseñanza pública en Andalucía.  Los hay para todos los sectores: para profesores, como el Plan de Calidad o las jornadas de FP o los PCPI; para alumnos, como las becas 6.000 , el ridículo “programa de inmersión lingüística”, la entrega de ordenadores, el programa de gratuidad de libros de texto o las subvenciones a organizaciones estudiantiles;  para los padres, con múltiples ayudas y subvenciones a las federaciones y confederaciones de padres de alumnos; y, sobre todo para los centros, con los planes y programas como bilingüismo, centros TIC o ESCUELA 2.0, Cultura de Paz, Impulso a la Sociedad del Conocimiento, etc.

Para no alargarme demasiado, no voy a entrar de lleno en otro sector donde se gasta el dinero también con facilidad y muchas veces de manera no efectiva, me refiero a la edificación y obras de los Centros, en muchos de los cuales se han hecho inversiones enormes que finalmente no han solucionado ningún problema y que hace que cada vez se vayan deteriorando más, llegando algunos a estar en estado lamentable y peligroso sin que parezca importarle a nadie. Es imposible implantar las nuevas tecnologías y una enseñanza de calidad en edificios con instalaciones en mal estado, obsoletas, desagradables e insalubres además de superpobladas. Si se hiciera en condiciones y de manera racional, aquí sí estaría justificada una inversión fuerte que, para más beneficio, daría trabajo a muchas personas que ahora no lo tienen.

En resumen, ¿alguien es capaz de justificar, sabiendo estos datos, que el primer recorte que se plantee la administración sea la bajada de sueldos de los funcionarios, en lugar de suprimir los miles de gastos inútiles y superfluos que soportamos los contribuyentes? ¿Estamos dispuestos los profesores, médicos y personal sanitario, fuerzas de orden público, ejército y demás funcionarios, a pagar una crisis de la que no somos culpables en lugar de los políticos, sindicatos cómplices, banqueros y especuladores que la han provocado? Esperemos que no, que esta vez no, pero también, que no nos limitemos a protestar por nuestro recorte salarial, sino que sepamos aprovechar este momento para intentar cambiar el sistema  que lo ha provocado. Para nosotros, los profesores andaluces, este se concreta en  la utilización política de la enseñanza por medio de la LEA y sus derivados los ROC. Esta es otra lucha que no debemos olvidar, porque la crisis económica pasará, pero el control político y la falta de libertad son muy difíciles de subvertir, una vez implantados.

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