El papel de la inspección

Pablo López Gómez

Durante el mes de mayo del pasado curso, recibí una reclamación de un alumno de segundo de bachillerato que fue resuelta por la inspección aprobando por decreto a ese alumno, que había suspendido dieciocho de los veintidós exámenes que hizo durante el curso, entre ellos, uno final que se puso después de fuertes presiones de su familia. Cuando vieron que también lo suspendía, optaron por reclamar por el injusto y discriminatorio trato que, según su parecer, yo había ejercido sobre su hijo durante todo el curso, y obtuvieron el premio del ya mencionado aprobado. Me planteé entonces la posibilidad de escribir en torno a este cuerpo administrativo, aunque finalmente no lo hice, mitad por cansancio mental mitad por la convicción de que, con el conflicto todavía caliente, corría el riesgo de no hacer unas consideraciones muy serenas. Tal vez el propósito hubiera acabado cayendo en el olvido, no sabría decirlo, pero allá por noviembre vino a reavivarlo una noticia que llegó a mi conocimiento a través del foro de Deseducativos. En la clausura del XI congreso nacional de inspectores de educación, organizado por ADIDE, don Miguel Soler, director general de formación profesional del ministerio de educación y ciencia, dijo, entre otras inspiradas palabras, las siguientes:

Tenemos aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI

Desconozco personalmente al señor Soler, pero me inclino a pensar que tan brillante frase la pronunció con la finalidad de captarse la benevolencia del público, que estaría, supongo, mayoritariamente compuesto por inspectores. Tomada en su sentido literal, la frasecita es una vaciedad tan absurda como altisonante, pero sería necio interpretarla en sentido literal, ya que está claro que la progresión cronológica en que se sustenta su retórica de superficie lleva una carga de profundidad donde se hallan su intención y su verdadero significado, ese guiño que el señor Soler lanzó a la audiencia para ponerla de su lado, pues, como se sabe, los políticos y los inspectores comparten con tanto regocijo como fervor una convicción: la de que el profesorado, al igual que esas aulas polvorientas del siglo XIX, es un colectivo anticuado, la rémora casposa y anclada en el remoto siglo XX que está haciendo que fracasen sus impecables leyes educativas e impidiendo que despegue la futurista educación del siglo XXI. Si alguien cree que me paso de retorcido o suspicaz, que pulse el enlace que incluyo más arriba y saldrá de dudas, porque podrá comprobar que, en el contexto amplio en el que se enmarca la frase, el propio Soler parte del reconocimiento de que algo falla en la enseñanza de hoy, y se puede entender muy bien que ese algo son los profesores, ya que la salvación que al final propone vendrá a través de la formación en nuevas tecnologías que van a recibir esos rancios fósiles del siglo XX. Y también los padres, no se lo pierdan: si un día los culpabilizó de los males de la educación el presidente del gobierno, algo habrán hecho. Cuando leí esta noticia, me dije que, decididamente, habría que escribir algo sobre esa inspección cuyos congresos se clausuran con autocomplacientes condenas del profesorado (¡los culpables son ellos!), la tan sempiterna como delirante fe en los ordenadorcitos y la tradicional táctica del avestruz ante los auténticos problemas de la enseñanza.

A lo largo de los años, he podido observar el funcionamiento de la inspección, así como los juicios y posturas que inspira entre el profesorado, y pienso que esta no es precisamente la época en que despierta mayor confianza. Como puede suponerse, siempre ha habido una distancia entre profesores e inspectores, pero lo que hay hoy se asemeja a la brecha existente entre súbditos de los que solo se espera obediencia y señores con la potestad de imponer su mandato sin demasiados límites y sin dar explicaciones. Por regla general, el inspector se percibe como esa persona que de vez en cuando aparece por el centro para realizar alguna gestión administrativa de carácter rutinario y a menudo no habla sino con los miembros del equipo directivo. En este contexto, la valoración más extendida entre quienes lo han tratado es del tipo «¿El inspector? No sé, parece un tío majo». Nos movemos, insisto, en las inocuas aguas de las gestiones rutinarias, ámbito que nadie de los que tienen alguna vez relaciones con la inspección alberga  el menor deseo de transpasar y, aun los que llegan a él, lo hacen exclusivamente arrastrados por alguna obligación, nunca por gusto. Esto son obviedades, pero las digo porque, para muchos, la imagen de la inspección se basa en estas experiencias neutras, y eso no vale para formarse un juicio: la verdadera medida de cómo es el inspector nunca nos la darán este tipo de situaciones, sino las situaciones que implican decisiones comprometidas o las de conflicto: ahí será donde, llegado el caso, veremos si un inspector es de verdad «un tío majo», un profesional razonable, un frío burócrata o algo distinto y tal vez peor.

Antes incluso de mi incidente del pasado curso con que he comenzado este artículo, hubo algunos asuntos que me llevaron a formarme una valoración no demasiado positiva acerca de cómo está funcionando hoy en día la inspección cuando se enfrenta a asuntos comprometidos. Hará seis o siete años, un amigo mío presentó un proyecto para ocupar la dirección de su instituto. No entraré en una explicación pormenorizada de cómo es hoy el procedimiento a través del cual se nombra a los directores de los centros públicos, sino que me limitaré a decir que culmina con una exposición del proyecto ante un tribunal compuesto por representantes de los padres, las administraciones locales, los profesores y la administración educativa. Este tribunal lo preside un inspector y su composición y funcionamiento están pensados para que la administración controle el proceso de forma absoluta. En el caso de mi amigo, un profesional de solvencia en todos los aspectos que puedan imaginarse y que tenía más de veinte años de experiencia, la forma de ejercer ese control fue calificar su proyecto con un cero. Para alguien conocedor del oficio, resulta difícil de digerir que un profesional solvente, con más de veinte años de experiencia y que se decide a zambullirse en el berenjenal de trámites y trabajo que supone un proyecto de dirección, acabe presentando una propuesta digna de ser calificada con un cero, pero a mi amigo, ya ven, se lo pusieron, ante el estupor y la indignación no solo suyos, sino de todo aquel que tuvo noticia de tan inicuo despropósito. Quedó así eliminado de la carrera para ocupar la dirección, a la cual era el único profesor del centro que concurría. Llegó nombrado un director de fuera al que nadie conocía, alguien que a su vez tampoco conocía el centro y que concitó el rechazo o la aversión de la mayoría del claustro, con el resultado de que los años que duró su mandato resultaron desagradables y revueltos. De este tremendo despropósito -que hay que sumar a la grave injusticia cometida con mi amigo y fue resultado de ella- fue responsable la administración y su mano ejecutora, la inspección educativa. La explicación más insistente que por aquellos días circuló acerca del lamentable trato al que fue sometido mi amigo fue que, por alguna razón personal -recalco: personal, no profesional-, no era del agrado de la administración y que ese cero que recibió fue un cero de castigo, una manera de hacer imposible que alguien «non grato» alcanzase la dirección de un instituto. Esta, repito, fue la explicación más extendida, por no decir la única, y cada cual será muy libre de aceptarla o no, pero quizás este tipo de especulaciones no se producirían si, al contrario de lo que sucede, los representantes de la administración en estos procesos estuviesen obligados a dar una motivación de su nota y no tuviesen la potestad de acogerse a una ausencia de explicaciones que encaja muy mal en un estado de derecho.

Pasados dos o tres años, fui yo mismo quien presentó un proyecto. No soy la persona indicada para decir si soy o no un profesional solvente, aunque pongo todo mi honesto empeño en serlo, pero sí puedo afirmar que, al igual que mi amigo, tenía entonces más de veinte años de experiencia a mis espaldas; que, como no podía ser de otro modo, me esmeré en la elaboración de un proyecto que salió, como mínimo, decoroso y razonable, en colaboración con los compañeros que se embarcaron conmigo en él, todos ellos profesionales excelentes e intachables; que, entre otras cosas, por las ideas motrices que lo impulsaban (elevación del nivel de exigencia académica, mejora del clima de convivencia y recuperación del respeto al profesor, en un centro en el que se había perdido), el proyecto gozaba de muchas simpatías y apoyos en el claustro: todas estas cosas sí son objetivamente comprobables para quien pudiera estar interesado en ello. Pues bien, con estos mimbres, mi proyecto también fue valorado con un cero o tal vez un uno o un dos, con la consiguiente perplejidad e indignación de todo el claustro, salvo, quizás, algún que otro fanático de los dogmas logsianos. ¿Por qué se valoró así mi proyecto? Serían otros quienes tendrían que decirlo, pero estoy convencido de que, en gran parte, fue por las ideas motrices que antes he mencionado: a alguien debió de parecerle que defendíamos esas cosas con más ardor del que se merecían. En los últimos tiempos, más de una vez me ha tocado ver en la enseñanza que la seriedad y la profesionalidad eran penalizadas, así están los tiempos últimamente. Terminaré este episodio con un dato anecdótico, pero que juzgo significativo. El día en que teníamos que leer los proyectos, el acto debía comenzar a las doce en punto. La comisión de representantes de la administración, encabezada por el inspector, llegó al centro a las doce y veinte y… encabezada también por el inspector, se fue derecha a tomar un cafelito, con lo que el acto comenzó con cuarenta minutos de retraso y de espera para los dos ponentes que estábamos citados.

De todos modos, estos asuntos quedan un tanto empequeñecidos si se comparan con otro del que tuve después noticia, me refiero a la historia del profesor granadino José Manuel Rabasco Valdés, que fue víctima de un hostigamiento entre kafkiano e inquisitorial que le llevó a una injusta -así lo estableció una sentencia judicial- sanción de separación del servicio en octubre de 2007, después de nada menos que tres expedientes, una separación del servicio de ocho meses que incluía pérdida de sueldo. Un año después, cumplida la sanción y tras atravesar un durísimo periodo de dificultades económicas, en octubre de 2008, Rabasco moría por un empeoramiento de sus problemas de salud, al que no debe en absoluto considerarse ajena la injusta situación a que se vio sometido. Básicamente, el conflicto consistió en un enfrentamiento entre José Manuel Rabasco y el director de su centro, que saltó con una chispa en apariencia fútil pero tal vez nada casual, un roce del profesor con dos alumnas que llegaron tarde a clase, las cuales recurrieron al amparo del director, el cual, ante la profunda maldad de Rabasco, se vio obligado a solicitar el concurso de instancias superiores, es decir, la administración educativa, representada por la inspección, a partir de lo cual, bola de nieve, bola de nieve… se llegó al lamentable final de esta historia. Siquiera por mantener el buen nombre del difunto, la familia de Rabasco llegó hasta el final en la pugna que él ya había iniciado contra las autoridades educativas y, años después, en marzo de 2010, una juez de Granada le dio la razón, en una sentencia que todas las fuentes coinciden en calificar como tremendamente dura con la consejería de educación andaluza, el director y el inspector responsable de la instrucción de la sanción administrativa, instrucción de la que la magistrada subrayó la permanente vulneración de los principios más elementales del derecho sancionador. El caso del profesor Rabasco es un episodio muy inquietante, por lo que revela tanto del funcionamiento de la administración como del comportamiento del inspector y el director enfrentados a la víctima de este proceso. Si se atiende a lo establecido en la sentencia, parece claro que las autoridades perseguían más castigar a una persona insumisa que resolver imparcialmente un conflicto y que, en aras de este propósito, el inspector responsable de la instrucción no la condujo con la limpieza deseable. Son, sin duda, comportamientos muy alejados de una deontología profesional. Inquieta también el escaso o casi nulo eco que alcanzó en los medios de comunicación más poderosos de esta España donde nos enorgullecemos de nuestra libertad de expresión: ¿están preocupados de que alguna vez podamos pensar que no vivimos en el mejor de los mundos posibles? Pues no creíamos que fuera esa su función. En el momento actual, la fuente que probablemente más información ofrezca acerca de la historia de José Manuel Rabasco es la página web de ACIA, pero ni siquiera en esta ni aun en la de APIA, sindicato que se implicó mucho en este asunto, he podido -dato curioso-  hallar completa la al parecer contundente sentencia de nueve páginas de la magistrada doña Estrella Cañabate Galera: alguna vez estuvo, pero parece haberse esfumado de la red.

Con el propósito de ir finalizando este artículo quizás ya un poco largo, retorno a su origen, a aquel alumno mío al que la inspección aprobó a pesar de haber suspendido 18 de 22 exámenes. Aunque los envié a la inspección, estoy persuadido de que esos exámenes no fueron ni aun ojeados, a la vista de los argumentos en que se basó la decisión de aprobar, el más contundente de los cuales fue la afirmación de que el alumno había alcanzado la madurez para superar el curso. Nótese incluso que ni siquiera se esperó al final oficial del curso, es decir, a su última convocatoria, la de septiembre, sino que se entendió que el implicado, al contrario que algunas dulces frutas, había alcanzado la madurez ya antes del verano. ¿Había prisa? No sé. Entre los profesores que conocían al alumno, este argumento de su madurez produjo sonrisas irónicas o gestos de estupefacción, pero no debe tomarse a risa, porque -luego lo supe- es el asidero al que la inspección de toda España se está agarrando para dar -no encuentro mejor palabra, salvo tal vez «regalar»- aprobados sin tener que engolfarse en fatigosas motivaciones. Y es legal, este es el actual estado de nuestro ordenamiento educativo. También entre los alumnos causó estupefacción y cierto disgusto, ya que, al contrario de lo que algunos pintan, los chicos no son idiotas, y menos, a esas edades. Algunos habían suspendido y no por ello habían echado mano de recursos, digamos, «paralelos»; otros, de entre los que habían aprobado, me mostraron su perplejidad ante el hecho de que hubieran podido alcanzar ese aprobado sin el esfuerzo que les había costado a ellos: segundo de bachillerato no es curso fácil, ¿cuáles eran exactamente las reglas del juego: el esfuerzo que predicamos los profesores y cierta vistosa propaganda oficial o llamar a la puerta del despacho apropiado? No fue credibilidad lo que ganó el sistema con este episodio. Indignado por una resolución tan injusta, tomé la decisión de informarme para recurrirla por los cauces legales, pero finalmente no lo hice, sobre todo, por una razón: porque, tras consultar con tres abogados de diferentes ámbitos, todos por separado me respondieron con un consejo unánime: no lo hagas, porque, en el mejor de los casos, llegarás a un reconocimiento moral sin efectos prácticos y después de dos o más años de vaivenes jurídicos. Este es el actual estado de nuestro ordenamiento educativo. Ellos me dijeron además otra cosa que yo mismo comprobé por otras fuentes, por comentarios, por Internet, incluso por casos muy cercanos a mi entorno: que está sucediendo a diario, que en todas las comunidades autónomas se dan aprobados «por madurez», hasta con la callada como única motivación, hasta a alumnos con notas de cero o de uno, hasta a alumnos que han presentado signos de violencia hacia esos profesores contra los que reclamaron. Y al mismo tiempo, como me señaló sagazmente una compañera, en comunidades como Madrid, se nos concede a los profesores la condición de autoridades. Y es legal: este es el actual estado de nuestro ordenamiento educativo. ¿Para esto sirve la inspección?

Esta es la pregunta: ¿para qué sirve la inspección en esta enseñanza del siglo XXI? Volviendo a la frase de don Miguel Soler, desde el primer día en que la vi, capté en ella una colosal carencia: falta la inspección. Estando como estaba en la clausura de uno de sus congresos, es imperdonable que tan alto cargo educativo repartiese siglos entre los alumnos, los profesores y hasta los pupitres y se olvidase de los inspectores. ¿En qué siglo sitúa don Miguel Soler a los inspectores? Con los furores futuristas que demuestra, a lo mejor los sitúa en el siglo XXII, quién sabe. Habría estado genial, miren qué frase:

Tenemos aulas del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI e inspectores del siglo XXII.

Si lo que se buscaba eran frases de efecto… vamos que ni el propio Cantinflas, una pena que al señor Soler no se le ocurriera o no se atreviera a soltarlo. ¿Y nuestro sistema educativo, dónde lo situará? De esto no puede caber la menor duda: con esos planteamientos tan utópicos y divorciados de la realidad de hoy, nuestro sistema educativo es del siglo XXX, eso, como mínimo, vayan añadiendo eslabones a la frase.

Pero dejemos los futurismos y vengamos a lo de hoy, a este siglo XXI al que, mal que le pese al señor Soler, pertenecemos todos: aulas, profesores, alumnos, inspectores y hasta él mismo. El siglo XXI es hoy, es presente, es diario batallar para hacer mejores a nuestros alumnos con nuestro trabajo serio y real de hoy, es sacar nuestros logros de hoy y resolver nuestros problemas de hoy en nuestros centros de hoy, y para esto, la retórica futurista, vana y un tanto perversa del señor Soler aporta lo siguiente: cero patatero. Dejémonos ya de lucir el traje de Armani y la lengua florida y los cuentos de la lechera en congresos que empiezan con parabienes mutuos, terminan con vino español y fervorosos aplausos y dejan un balance concreto cuya aportación concreta a la mejora de la enseñanza concreta es exactamente la misma que si estos magnos señores, en lugar de hacer el congreso, se hubieran ido al campo a coger espárragos. Vale ya de irse a los saraos a hacerse los «guays», de hacerlo encima menospreciando a los que nos dejamos la piel día a día para que la cosa funcione y de sentirse encima la piedra de toque del Universo: digámoslo claro, eso será muy divertido para los que participan, pero, insisto, no aporta nada y a los demás nos produce, en el mejor de los casos, indiferencia.

A mí me hubiera gustado que el señor Soler me hubiera dado una respuesta creíble a esta pregunta: ¿para qué sirve la inspección? ¿Para colocarnos en un despectivo siglo XX a los cientos de miles de profesores que hacemos que ruede a diario la educación de nuestros jóvenes? ¿Para humillar a profesionales serios con ceros vengativos y aberrantes? ¿Para arrastrar por los suelos a José Manuel Rabasco? A propósito de este docente, profesional intachable mientras el director y el inspector que le persiguieron con saña no sean capaces de demostrar lo contrario: ahora, puesto que la sentencia que le dio la razón en todo aquel turbio asunto no es firme, parece ser que todos nos tenemos que estar callados y modositos y tentarnos las ropas antes de osar emitir una duda, pero yo me pregunto: ¿acaso hay en este mundo alguien tan ingenuo como para pensar que la cacería en que le metieron no tuvo nada que ver en su prematuro fallecimiento? Pero volvamos con aquello de para qué sirve la inspección: ¿para aprobar porque sí a alumnos que no lo merecían por el conducto del estudio y el esfuerzo? ¿Para tratar -cosa que he presenciado con mis propios ojos- con soberbia a los profesores? ¿Para abordar conflictos en los que estén inmersos tratándolos como a presuntos culpables? Ya me contestarán, o que me censuren este.

Acabaré -ya sí- retomando la simpática retórica del señor Soler: ¿de qué siglo es la inspección? Puesto que en el siglo XXII no podemos colocarla (¡era una broma!) porque no sabemos cómo será, habrá que situarla en uno de los que, por pasados, ya conozcamos. Mirando hacia atrás, vemos que, en el XX y el XIX, no podemos ponerla, ya que están ocupados por los profesores y por las aulas, el mismo señor Soler lo dijo. ¿Quizás en el XVIII? Rotundamente, NO: el siglo XVIII es el siglo de la la Ilustración, del saber, del esfuerzo, de la ampliación del horizonte humano por la luz de la Razón: ¿cómo vamos a situar en ese siglo a una inspección que aprueba a los alumnos por madurez? Por eso de estar maduros se aprueba a  los plátanos, a las peras o a las chirimoyas, pero a los alumnos hay que aprobarlos por sus conocimientos: lo contrario es convertirnos en mantenedores de un sistema que produce un 30% de fracaso escolar nominal y un 40 o un 45% de fracaso escolar efectivo. Además, hay otro motivo: en el siglo XVIII, como es sabido, el 3 de agosto de 1713, se creó la Real Academia Española, rancia institución que mantiene entre sus caducos empeños la defensa de la ortografía, y yo he visto a más de un inspector cargar contra esta disciplina (¡horror, disciplina!). No, la inspección de educación no encajaría muy bien en el siglo XVIII. ¿Y el XVII? Hombre, el XVII es el siglo de Cervantes, de Lope, de Gracián, de Quevedo, de Góngora… de todos esos tíos que tan mal salen en un power point, cierto, pero… por otra parte… ¿no quedarían muy propios del inquisitorial XVII asuntos como el de José Manuel Rabasco? ¿Y eso de apalear con un cero a profesionales serios sin motivó alguno? ¿No se parece a un intento de humillarlos exponiéndolos a la vergüenza pública con un también inquisitorial sambenito? O lo de apobar con motivos pobres o directamente sin motivos a alumnos en contra de lo que demostraban sus rendimientos, en contra de las evaluaciones motivadas de sus profesores, en contra de dictámenes de departamentos compuestos por especialistas: ¿no se parece a una posesión de la verdad de origen divino muy del teocrático siglo XVII?

Tal vez; tal vez sea el XVII el siglo de nuestra inspección. Pues ya ha llovido desde entonces, así que a lo mejor habrá que ir saliendo de la clausura del triunfal congreso y poniéndose a tono con los días, que no están para retóricas florituras.