Autoridad pública y delito de atentado

David Arboledas

Ya que difícilmente puede cambiarse de la noche a la mañana este desastre educativo que ha traído la doctrina de atontamiento general, a la que se llamó LOGSE únicamente para despistar, qué menos que mejorar, al menos, nuestra situación laboral o, mejor dicho, nuestra situación limbo-jurídica en la que hemos trabajado.

La reciente aprobada Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor en la Comunidad de Madrid, en vigor desde el día 30 de junio de este mismo año, otorga la condición de autoridad pública a los profesores, directores y demás miembros de los órganos de gobierno de todos los centros educativos de la región.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala en el artículo 104.1 que las Administraciones educativas estarán obligadas a velar para que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada por la sociedad. Artículo que en Madrid, y desde luego en el resto de nuestro Reino de Sátrapas, no se ha cumplido ni por asomo… ¿O sí? Según se mire.

La primera garantía de que el disfrute individual del derecho a la educación recogido en el artículo 27, apartado 2, de la Constitución Española no resulte entorpecido, y de que se aseguren así los derechos de todos, es la autoridad del profesor, tanto en el plano académico como en el de la disciplina. Sí, la disciplina resulta esencial en todas las actividades humanas, por mucho que los progres de pacotilla lo nieguen. ¿Acaso alguna mente lúcida se ha puesto a pensar qué ocurriría si eliminamos de nuestra sociedad la autoridad? La anarquía. Es inevitable. Lo mismo que ocurre en las aulas.

Con esta ley, por tanto, los profesores estamos investidos de una autoridad institucional al sernos reconocida la condición de autoridad pública; lo que implica que todos gozaremos de presunción de veracidad en nuestros informes y declaraciones, así como de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico. Tendremos, asimismo, la potestad de tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia. No dudéis, por tanto, en expulsar de vuestra clase a aquel alumno que os la revienta continuamente. La ley os ampara, más aún si la dirección del centro no es capaz de poner freno a algo tan habitual como que un alumno acumule más de veinte amonestaciones por escrito y siga en clase impidiendo que el resto de alumnos haga suyo el derecho a ser educados. Recordemos que los derechos y libertades individuales acaban donde empiezan los de los demás.

La ley va un poco más allá, pues en su artículo 7 recoge explícitamente la cobertura de nuestra responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicemos dentro o fuera del recin­to escolar. En todo caso, gozaremos del derecho a la representación y defensa en juicio; cosa que hasta hace poco era menos que una utopía. Asimismo, los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colec­tivamente, de forma intencionada o por negligencia, o a hacerse car­go del coste económico de su reparación. Los PADRES o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda.

Visto por tanto que este curso seremos autoridad y que al menos en nuestro trabajo y como consecuencia de él estaremos protegidos, ¡ya era hora!, frente al absurdo de discutir o poner en duda las declaraciones del profesor o vernos tan desamparados en esa persecución del Tiro al Profesor por algunos energúmenos de padres y alumnos, intentaré describir a continuación en qué consiste el delito de atentado. Ahora un simple bofetón a un docente ya no será juzgado como una falta de lesiones, sino como un delito de atentado y ahí radica la diferencia. De una paupérrima multa pasamos a una pena de prisión. ¡Cada cual en su lugar!

El artículo 550 del Código Penal tipifica el delito de atentado al establecer:

Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

De acuerdo con la tipicidad que se recoge, es suficiente con que se lleve a cabo cualquiera de los actos que contempla el mismo para considerar que hay atentado. El AUTO núm. 2065/1997, Recurso de Casación núm. 1114/1996, TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, en cuanto a los requisitos para que surja este delito, dice lo siguiente:

Con respecto al delito de atentado la doctrina jurisprudencial ha establecido cuáles son los requisitos cuya concurrencia se precisa para apreciar la existencia del delito de atentado:

a) Un acto básico de acometimiento (agresión, ataque físico en suma), empleo de la fuerza, intimidación grave, o resistencia también grave.

b) Que tal acto vaya dirigido contra un funcionario público o agente de autoridad.

c) Que dicho sujeto pasivo se hallare en el ejercicio de sus funciones propias del cargo, y, si así no fuera, que el autor del hecho hubiera actuado «con ocasión de ellas», pues en este delito no se pretende proteger a la persona del funcionario, sino a la función que éste desempeña, precisamente por el carácter público de ésta.

d) Que exista un propósito de ofender a la autoridad o sus agentes, y que consiste en faltar al respeto debido a quienes encarnan el principio de autoridad (STS 12 junio 1995).

¿En qué consiste el delito de atentado entonces? Se trata, evidentemente, de un hecho delictivo que se comete, como señala el mencionado artículo 550, contra la autoridad, sus agentes o funcionarios. En definitiva, este grupo de personas, que son los llamados sujetos pasivos del delito, son los que sufren las consecuencias de la comisión del hecho delictivo. La primera cuestión que se plantea ahora es en torno a los sujetos pasivos: autoridad y funcionarios. Como ya sabemos qué es un funcionario, veamos qué es autoridad. El artículo 24 del Código Penal señala “que se reputará autoridad al que, por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia […]”.

El delito de atentado parece que se instaura, como recoge la jurisprudencia más representativa del Tribunal Supremo, para proteger el principio de autoridad. Es decir, se protege, más que a la persona del funcionario, a la autoridad que representa. Hay otro sector de la jurisprudencia, sin embargo, que opina de manera algo diferente y considera que lo que se protege a través de la tipificación de este delito no es el principio de autoridad, sino el buen funcionamiento del ejercicio de la autoridad.

Aunque esta Ley recientemente aprobada no sabemos qué calvario tendrá que seguir, visto que los tontos progres creen que conceder autoridad a un funcionario docente es poco menos que un golpe de estado; es evidente, no obstante, que si somos autoridad será ¿porque pertenecemos a un órgano colegiado que tiene mando? En todo caso, somos funcionarios públicos, ya que participamos de la función pública y de ello se deriva que siguen siendo de aplicación los artículos 550, 551 y 552 del Código Penal, puesto que en ellos se habla de los atentados contra la autoridad y los funcionarios públicos.

¿Tiene alguna relevancia de cara a la comisión del hecho delictivo del artículo 550 el que el sujeto pasivo del delito tenga la consideración de autoridad o sólo de funcionario público? La respuesta es sencilla: Sí, y se pone de manifiesto en el contenido del artículo 551 cuando se establece la pena. Dicho artículo, en su punto primero, establece una pena de dos a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses si el atentado se comete contra una autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Es decir, es más grave, como es obvio, la pena que se impone si el delito se comete contra alguna de las autoridades que si el delito se comete contra un funcionario sin dicha consideración. No obstante lo anterior, como recoge el artículo 552, si se produce una agresión con un arma o con medios peligrosos siempre se impondrá la pena superior en grado a las previstas en el artículo 551.

De la lectura del artículo 550 vemos que se exige, para que se cometa el hecho delictivo que se regula, que el ataque se debe de producir cuando el sujeto pasivo, en nuestro caso el profesor, se encuentra ejecutando funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas. Es conveniente determinar qué se quiere decir con esta segunda referencia: “con ocasión del ejercicio de sus funciones”. Quiere decir que es suficiente con que el ataque o agresión se lleve a cabo en atención a las funciones ya ejercidas o a las que van a realizarse. Es decir, desde el punto de vista jurisprudencial, cuando el artículo 550 se refiere a un ataque con ocasión del ejercicio de sus funciones, viene a decir que tal protección abarca situaciones en que el ataque al profesor se produce por venganza o resentimiento por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, aun cuando se hubiese cesado en el desempeño de la misma. Como ha señalado la Sentencia 2490/1993, de 10 noviembre (RJ 1993\8495), cuando la autoridad o el funcionario público actúa en el ámbito de sus atribuciones y dicha condición es conocida del sujeto, la acción violenta sobre su persona evidencia la voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad, imprescindible para que la sociedad mantenga los niveles mínimos de convivencia organizada -Sentencias de 1 diciembre 1987 (RJ 1987\9516), 28 noviembre 1988 (RJ 1988\9698) y 14 febrero y 4 junio 1992 (RJ 1992\1179 y RJ 1992\5447)-. En definitiva, si como profesores sufrimos una agresión física o somos objeto de un acto de intimidación grave (amenazas de muerte, por ejemplo) fuera del recinto escolar como venganza por una decisión adoptada en el ejercicio de nuestras funciones, también sería considerado por los tribunales de justicia como un delito de atentado y en consecuencia serían de aplicación los mismos artículos 550, 551 y 552 del CP.

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Categorías: Rebelión, Soluciones

Autor:David Arboledas

Profesor de Tecnología

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11 comentarios en “Autoridad pública y delito de atentado”

  1. sonia
    12 septiembre 2010 a 11:08 #

    “Sí, la disciplina resulta esencial en todas las actividades humanas, por mucho que los progres de pacotilla lo nieguen.”

    ¡Qué casualidad que todos estos “progres de pacotilla” que tienen todas esas ideas acerca de la disciplina y se toman la licencia de juzgarte y criticarte por nimiedades, son los primeros que tienen a sus hijos en colegios privados, en los que la disciplina, las tareas para casa, el respeto al profesor, el aprendizaje memorístico, etc… son sus señas de identidad!

  2. 12 septiembre 2010 a 16:45 #

    Lo contrario de la falta de autoridad en este caso no es la anarquía sino la dictadura en clase de los peores: los matones y objetores escolares sobreprotegidos por el sistema.
    Son buenas medidas que aquí en Andalucía han sido rechazadas, pues ésta es la vanguardia de todas las memeces progres (no es de extrañar que estemos a la cabeza del fracaso escolar).
    Un abrazo.

    • sonia
      12 septiembre 2010 a 17:51 #

      ¿Y dónde te dejas a los progres matones caiga quien caiga todo vale por tal de trepar con el que nos encontramos a menudo en este mundo “educativo”?

    • 12 septiembre 2010 a 22:10 #

      Muy de acuerdo contigo, José Miguel. La anarquía es muy respetable. Es la tiranía lo que se produce.

  3. Juan
    12 septiembre 2010 a 21:25 #

    Excelente artículo. Se agradece toda la información. Y a los profes de Madrid: enhorabuena.

    Saludos

  4. Francisco Javier
    12 septiembre 2010 a 21:48 #

    Excelente artículo y una tarea encomiable. Lo leeré unas cuantas veces con atención, y más teniendo en cuenta que trabajo en Madrid. ¡Mil gracias!

  5. Maximiliano Bernabé Guerrero
    13 septiembre 2010 a 8:03 #

    David, se agradece la síntesis jurídica que haces, sin embargo, me temo que voy a ir un poco de aguafiestas porque estoy un poco baqueteado en estos temas. Yo soy profesor de francés y hace dos años me propusieron una comisión de servicio para trabajar como abogado precisamente en estos temas. Desempolvé el título de Derecho y acepté. He intervenido en bastantes juicios representando a profesores agredidos e, incluso, defendiendo a profesores ¡¡¡juzgados!!! por dar un cachete a un alumno. Mi experiencia es que los jueces y el ministerio fiscal son muy muy remisos a instar la calificación penal como atentado. ¿Por qué? Porque aunque haya leyes como ésta de Madrid (no es la única), aplicarlo supone que una conducta es delito en una taifa y no lo es en la de al lado. Los jueces son reacios a estas incongruecias ya que la Administración de Justicia es única. Al menos, hasta que ZP la mercadee cuando necesite los votos de PNV, CiU… Además de las leyes autonómicas también hay una instrucción (creo que de 2008) del fiscal general del estado para que los fiscales se personen en estas causas, pero es sólo eso, una instrucción. A cada fiscal se le deja la potestad de hacerlo o no. Incluso, cuando se obtiene una condena por atentado, como conseguí yo en Mayo pasado (una alumna abofeteó a un profesor), hemos de recordar que vivimos en lo que se conoce como un “estado garantista”, en el cual el delincuente, muchísimo más si es menor, está sobreprotegido. Aquella vez, a la energúmena de 17 años y 11 meses la condenaron a 11 meses de internamiento en centro de menores, pero se lo conmutaron por tratamiento psicológico ambulatorio y una memez más. Pero bueno, para no ser tan cenizo, diré que esta ley de Madrid es un pasito, pero sólo eso. Nuestra reciente ley de educación de la satrapía castellano manchega dice: Art. 16.3. El Consejo de Gobierno regulará los supuestos, las condiciones y el alcance de la autoridad del profesorado en el ejercicio de sus funciones. Pá mear y no echar gota, que diría un castizo.
    La única solución, parcial, que veo es que el delito de atentado a profesores estuviese recogido en el Código Penal, aún vigente en toda España. Y sobre todo: Que las competencias sobre enseñanza fueran retiradas de forma fulminante a las comunidades autónomas y asumidas por el Ministerio de Educación.

    • Francisco Javier
      13 septiembre 2010 a 8:51 #

      Totalmente de acuerdo, Maximiliano.

      Que las agresiones a funcionarios o trabajadores de la Administración estuviese tipificada en el Código Penal, sería una refoma justa y muy necesaria. ¡Qué es eso de ir pegando al médico, porque no me receta lo que pido, o al profe porque no aprueba a mi niño (que es un vago y se comporta como un energúmeno)

      “Que las competencias sobre enseñanza fueran retiradas de forma fulminante a las comunidades autónomas y asumidas por el Ministerio de Educación.”

      ¡Qué gran paso sería !

  6. David Arboledas
    13 septiembre 2010 a 12:57 #

    Totalmente de acuerdo con vosotros, son pequeños pasos, pero al menos ya aparece recogido en una ley. No es la panacea, pero a veces metiendo miedo puedes eliminar las malas intenciones de algunos. Por supuesto que lo ideal seria una ley del congreso de los diputados a nivel nacional (que estuviera en el codigo penal seria lo ideal, aunque estrictamente ya el codigo penal habla de atentado a funcionarios -lo más sencillo es que fueran todos-). En fin, además, el traspaso de competencias a las comunidades autónomas ha sido el acabose. Abogo por retirar competencias en sanidad y educacion desde casi el principio… pero… lo más fácil será que traspasen las competencias en justicia. De este modo tendremos además 18 códigos penales. Tiempo al tiempo. Pero mientras tanto, hagamos defender los pocos derechos que nos dejan; que el alumno es menor, pero los padres son mayores de edad y casi siempre más energúmenos que sus propios retoños. Ahí es dónde tenemos que apretar.
    Saludos

  7. 13 septiembre 2010 a 20:30 #

    jaja muy bueno graciasss!!!

  8. Helena
    29 enero 2011 a 19:44 #

    Estimados amigos:

    La protección que ofrece el CP a los funcionarios públicos en el ejercicio o con ocasión de sus funciones alcanza a todos los que ejercen la función docente como funcionarios de carrera o como contratados en centros públicos. Lo de la ley de la Comunidad de Madrid no aporta nada nuevo, que no tenga todo profesor como empleado público.
    El problema real es que no existe respeto hacia el trabajo que desenpeña el docente, o también vale para el personal sanitario. No se les valora como personal especializado, que en ejercicio de su función toma decisiones conforme a sus conocimientos y sus competencias, y su relación con las personas a las que prestan un servicio no está sujeta a la dinámica de “el cliente siempre tiene la razón”.
    Es necesario recuperar la consideración hacia el trabajo que desempeñamos como servicio que se presta a la sociedad, y ese es el problema real, no que una ley diga si somo o no autoridad.

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